La senadora Beatriz Ávila (PJS) se puso a disposición de los trabajadores de tres reparticiones que podrían ser cerradas por el Gobierno nacional. “Mi compromiso es con los tucumanos que hoy padecen la incertidumbre del futuro de sus empleos. No se puede acomodar la economía con la gente afuera”, expresó la parlamentaria tras dialogar con representantes de Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, luego de las medidas que tomó mediante decreto el presidente Javier Milei.

Ávila mantuvo reuniones, por separado, con representantes de los tres organismos nacionales que fueron incluidos en los decretos de cierres y recortes de la administración de Javier Milei. Con matices, los trabajadores plantearon el estado de incertidumbre y malestar en el que se encuentran casi 400 familias tucumanas. También informaron sobre el inicio de acciones de amparo para frenar las decisiones que impulsa el Gobierno.

“Se están tomando decisiones que son equivocadas. Paralizar Vialidad Nacional es poner en peligro los empleos, pero también la seguridad vial por rutas que están siendo abandonadas. Dejar sin efecto las investigaciones científicas para el desarrollo productivo es una medida que perjudica nuestro crecimiento como país federal. Me he puesto a disposición para evitar que eso se concrete”, insistió la referente del PJS.

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Luis Salinas, referente de Vialidad Nacional, planteó que los trabajadores se encuentran en un “limbo jurídico” y que están siendo sometidos a maltrato psicológico por las presiones diarias en sus espacios de trabajo. Junto a el también estuvieron Jorge Correa y Gabriel Acosta, sindicalistas de la misma repartición.

Continuidad del amparo

Irma Lazarte y Fernanda Lazarte, del INTA, ratificaron la continuidad del amparo legal para frenar las modificaciones en la estructura de ese organismo. Advirtieron, además, sobre los intereses en la venta de inmuebles que hoy son propiedad del Estado. Por el INTI estuvieron Alejandra De Laporte, Martín Rearte y Guillermo Martínez Pulido, quienes encendieron alertas sobre los riesgos que corren los controles a distintos productos si se concreta el cierre de esa repartición científica.

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“No somos ñoquis, ni corruptos. Tenemos personal muy calificado y comprometido”, coincidieron en mencionar todos los dirigentes presentes en las reuniones que se realizaron en la sede del Partido de la Justicia Social.

Respecto a Vialidad, el plan contempla el cierre definitivo del organismo y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas.